Por Eva Giberti. Publicado en Página/12, el 31 de marzo de 2013.
La mordaza que cerraba la boca de las mujeres estalló hace tiempo: así se abrió el camino para emitir las palabras clamorosas y serenas del género. Se encogieron los patriarcas y acumularon frustraciones que habrían de fermentar en delitos intentando silenciarlas definitivamente. Delitos que reclamaron palabras nuevas para las violencias arcaicas. Entonces las mujeres integramos la muerte y el lenguaje y le pusimos nombre: femicidio, dijimos, para ampliar la nomenclatura e incorporar el símbolo verbal. Cuando nos convocamos todas las mujeres del mundo para denunciar, exigir sanciones y seleccionar procedimientos capaces de enlazar las múltiples violencias y anudarlas en la trama de voces y documentos que los países propician, se escuchan descripciones horrorosas. Naturalizadas, autorizadas, instaladas en la convivencia de cualquier índole, en el poder de los concesionarios de las leyes y en las pautas educativas todavía enroscadas sobre sí mismas.
Así fue escuchar y hablar en Naciones Unidas Mujer según los códigos internacionales que se remiten a las recomendaciones y las conclusiones obtenidas después de la atención cuidadosa que durante varios días se incendió en los salones magnos de la institución.
Argentina concurrió invitada como expositora en un panel central y representante de un continente al lado de la relatora oficial de ONU Mujer, de una representante de Asia, otra de Africa y otra de Europa. Tuve a mi cargo esa exposición y enuncié las leyes que se adelantan notoriamente en relación con otros países. Contamos con un recurso fuerte, la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ambitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales, que es un paradigma de avances en el persistente tema de la violencia contra las mujeres. Desde una perspectiva nacional, esa ley se articula con otras recientes cuya aplicación constituye una clave en las prácticas destinadas a la eliminación de la violencia contra las mujeres: la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad sexual que se ocupa del derecho a la diversidad, a las que se suma la ley destinada al femicidio y la ley contra la trata de personas.
La combinación de estas leyes con la ley marco 26.485 demanda un nuevo abordaje de las políticas transversales –convocando a los distintos ministerios con sus prácticas específicas– y configura un soporte que previene o ataja la posición de la mujer como subalterna, al mismo tiempo que propicia distintos modelos de prevención.
En paralelo, el Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en el año 2006, demostró mediante sus prácticas cómo se puede acompañar y sostener a víctimas de violencia familiar trabajando en terreno, también lograr una atención efectiva a las víctimas de violencia sexual, acompañándolas en las comisarías, en los hospitales y durante su exposición en tribunales para que sus denuncias promuevan la detención del violador; incluimos otros espacios que informan acerca de los abusos y malos tratos de niñas y de niños. Los diferentes trabajos que realizan los 200 profesionales que forman el Programa se instituyeron en clave de asombros y preguntas que provenían de representantes de distintos países del mundo.
No fue casual que cuando se abrió el espacio para las preguntas, debiera responder a interrogantes que superaron largamente los cuestionarios que se formularon a las representantes de los otros continentes. Lo cual generó una intervención del moderador, ya que responder todas esas preguntas hubiera significado dictar una conferencia. Imposible cuando los tiempos están cuidadosamente medidos. Como es inevitable en estas circunstancias, el diálogo se continúa más allá del ámbito de esa coyuntura y fue preciso abundar acerca de la ley de trata, la descripción del call center desde donde se atienden los llamados al número 137 y en cuya estrategia las operadoras trabajan en conjunto y no separadas entre sí, ya que desde allí se decide el envío de un auto policial para trasladar a la víctima, todo aquello que entre nosotros se conoce por la tarea cotidiana. La cifra de policías entrenados en temas de violencia desde marzo de 2009 (17.000 agentes de la Policía Federal Argentina, además de los concurrentes a los cursos destinados a las policías de varias provincias) le resultó sorprendente a las representantes de algunos países que posteriormente se reunieron con nosotras (Veta Escardó, asesora general del Programa, y yo).
Habíamos escuchado la exposición de la representante de Zambia, una mujer policía –para quien resultó complejo responder acerca del poder de los hombres sobre las mujeres en su país–, a la representante de Timor Este, tan lejanas sus prácticas, localizadas en la atención hospitalaria de las víctimas, a la representante del Reino Unido, cuya exposición no solamente asombró sino que mostró que aquello que es técnicamente recomendable puede ponerse en práctica porque no cuentan con el rechazo de los y las colegas que no están formados/as en el ejercicio del trabajo corporal. En Inglaterra, por lo menos aquello que se seleccionó narrar, atienden a las víctimas –después del proceso jurídico– mediante técnicas de role playing, meditación y ejercicios de técnica yoga. Apelan a la reparación total de la víctima, incluyendo el trabajo corporal.
Entre las preguntas que recibí dentro del canon de la exposición internacional, es decir, que en el momento no podía explayarme largamente, una fue propuesta por el representante de la Unión Europea: “Por favor, exponga sobre femicidio”. Yo solamente había mencionado la ley argentina y la existencia de una ONG que contabilizaba aquello que publicaban los medios de comunicación. El interés internacional residía en solicitarme un texto escrito acerca del tema, ya que la descripción del trabajo en terreno interesaba como estrategia y nosotras recibimos los llamados telefónicos que solicitan auxilio ante la amenaza con las que algunos hombres aterrorizan a las mujeres prometiéndoles “quemarlas”. Mi respuesta, asociada a la posición de la mujer como subalterna, tal como lo había mencionado en clara mención del colonialismo imperante en los temas referidos al género, desembocó en los procesos de revictimización que padecen las niñas y las mujeres cuando son recibidas en el ámbito del Derecho. Si bien mi exposición, además de evidenciar lo que hemos avanzado, señaló la necesidad de contar con la reglamentación de las leyes, en tanto y cuanto el retraso de la misma facilita a los jueces y juezas la escapatoria para no aplicarlas. Sabíamos que las ONG asistentes a este evento tendrían, después de las exposiciones oficiales, reuniones destinadas a la discusión de lo que se había escuchado, por lo tanto estaba garantizado este reclamo. Técnicamente –y la mía era una exposición técnica/profesional/política– correspondía reconocer como funcionaria las reglamentaciones que urge encender y que como tal se están tramitando.
Hasta aquí un mínimo recorte de la inmensa cantidad de horrores internacionalmente enunciados en distintos idiomas. En todos esos idiomas se instituyó, como reclamo, descripción y furia contenida, la misma frase: “Todo cuanto podemos avanzar en la asistencia de las mujeres víctimas de violencia fracasa cuando deben intervenir los jueces: la Justicia es una muralla insalvable”.
Coincidir en los agravios y homicidios que la violencia contra la mujer implica presentó matices y performances, pero una demanda se reiteró en las voces de las representantes: qué hacer con los jueces. A veces juezas. Era la coincidencia con mayor consenso, acompañada por su par histórico: la policía.
En el relato oficial yo había mencionado la frase “democratizar la Justicia” como una clave que permanecía suelta dada la escasez de tiempo, sabiendo que abarca temas infinitos. Fueron enunciados por las representantes de los distintos países, cada cual leyendo o improvisando para incluir, casi fatalmente, la existencia de esa muralla donde se forja y se cincha la mordaza de la víctima que decide hablar. Es el último recurso, insalvable, antes del femicidio.
Entre nosotros/as ya aparecieron las excepciones y las sentencias sensatas. Los otros jueces distribuidos por el mundo ¿se reconocerán en este diagnóstico internacional que los describe como “muralla insalvable” cuando deben sentenciar acerca de las violencias contra las mujeres?
* Este artículo refiere al trabajo llevado a cabo por la autora en el 57 Período de Sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, Nueva York, marzo 2013.